El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad.
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Acogió la impugnación al artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por estimar que restringe de forma desproporcionada el acceso a penas sustitutivas, vulnerando los principios de proporcionalidad y racionalidad de los artículos 19 N°s 2° y 3° de la Constitución, pues la privación de libertad debe ser la última ratio y las penas sustitutivas buscan la reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, ya que el control de armas es un bien jurídico protegido y la norma no afecta las potestades del juez para individualizar la pena. Hubo votos en contra de ministros que estuvieron por rechazar el requerimiento.
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadReemplazoTribunales De JusticiaIncompatibilidad De ParlamentarioDerecho Al Trabajo
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley impida acceder a penas sustitutivas a quienes cometieron ciertos delitos, aunque la pena impuesta sea baja?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió la impugnación al artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por estimar que restringe de forma desproporcionada el acceso a penas sustitutivas. Lo fundó en que la privación de libertad debe ser la última ratio y que estas penas buscan la reinserción social.
¿El control de armas justifica que una norma limite las facultades del juez para individualizar la pena?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, porque el control de armas es un bien jurídico protegido. Estimó que la norma no afecta las potestades del juez para individualizar la pena.
¿Qué principios constitucionales se aplican para evaluar si una restricción a las penas sustitutivas es proporcionada?
En este caso, el Tribunal Constitucional aplicó los principios de proporcionalidad y racionalidad derivados de los artículos 19 N°s 2° y 3° de la Constitución. También invocó la reinserción social como finalidad de las penas sustitutivas.
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