La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de que una perso…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de que una persona contratada a honorarios por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) realice funciones de fiscalización. El dictamen concluye que no existe impedimento para ello, ya que la ley de presupuestos faculta al servicio para contratar personal a honorarios con ese objeto, sin exigir que pertenezca a un departamento específico. Respecto a dos citaciones cursadas al interesado, se determinó que cumplen con los requisitos de la Ley General de Pesca y Acuicultura, al individualizar al inculpado, indicar el tribunal, día y hora de la audiencia, y la ley infringida, además de identificar al funcionario denunciante, quien estaba legalmente facultado.
Normas citadas
ley 20557 part/07/04/01/21 glo/03 lt/d
dfl 1/2014 ECTUR art/29A
dfl 1/2014 ECTUR art/32E
dfl 1/2014 ECTUR art/32F
ley 18892 art/125 num/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un servicio público contratar a honorarios a una persona para que realice labores de fiscalización?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no existe impedimento, porque la ley de presupuestos faculta al servicio para contratar personal a honorarios con ese objeto, sin exigir que pertenezca a un departamento específico.
¿Qué requisitos deben cumplir las citaciones a una audiencia emitidas en el marco de la Ley General de Pesca y Acuicultura?
En este caso, el dictamen determinó que las citaciones cumplen los requisitos legales al individualizar al inculpado, indicar el tribunal, el día y la hora de la audiencia y la ley infringida, además de identificar al funcionario denunciante, quien estaba legalmente facultado.
¿Es válida una citación si el funcionario que denuncia está facultado por la ley para hacerlo?
Según este dictamen de la Contraloría General de la República, sí, ya que en el caso analizado se verificó que el funcionario denunciante identificado en las citaciones estaba legalmente facultado para formular la denuncia.
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