El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, dec…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando que la oración final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 es inaplicable por inconstitucionalidad en el caso concreto. La mayoría estimó que dicha disposición vulnera los artículos 6°, 7° y 19 N° 2 de la Constitución, al imponer una limitación desproporcionada y arbitraria en los procedimientos de contratación pública, afectando el derecho a la igualdad ante la ley. Se argumentó que la norma genera una desigualdad injustificada entre los participantes, sin que la restricción se justifique razonablemente respecto de los fines de la regulación. Como obiter dicta, se señaló que el legislador debe ejercer su facultad regulatoria dentro de márgenes de razonabilidad y proporcionalidad, evitando restricciones innecesarias a derechos fundamentales.
Normas citadas
artículo 4, inciso primero, frase "la oración final", de Ley N° 19.886
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la oración final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 por ser inconstitucional?
Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad y declaró que dicha oración es inaplicable por inconstitucionalidad en el caso concreto.
¿Vulnera el artículo 4° de la Ley de Compras Públicas el derecho a la igualdad ante la ley en los procesos de contratación pública?
Según la mayoría del tribunal en este caso, la oración final de ese inciso impone una limitación desproporcionada y arbitraria que genera una desigualdad injustificada entre los participantes, afectando el artículo 19 N° 2 de la Constitución.
¿Debe el legislador respetar la razonabilidad y proporcionalidad al regular la contratación pública?
Así lo señaló el tribunal como obiter dicta en este caso: el legislador debe ejercer su facultad regulatoria dentro de márgenes de razonabilidad y proporcionalidad, evitando restricciones innecesarias a derechos fundamentales.
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