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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de un municipio p…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de un municipio para cobrar patente municipal a personas naturales. Señaló que el cobro procede solo si se constata el ejercicio efectivo de actos continuos en el tiempo, organizados y orientados sistemáticamente a la obtención de lucro, como la administración de inmuebles, y no la mera percepción de cánones de arriendo. Agregó que el solo registro de un giro ante el Servicio de Impuestos Internos no basta para acreditar dicha actividad. En el caso concreto, corresponderá al municipio verificar si los contribuyentes realizan efectivamente actividades gravadas; de no ser así, deberá regularizar la situación. Además, recordó que las sentencias judiciales tienen efectos relativos y no pueden aplicarse a personas que no litigaron en esos procesos.

Normas citadas

  • dl 3063/79 art/23 inc/1
  • dl 3063/79 art/24 inc/1
  • dto 484/80 Inter art/2 lt/c
  • CCi art/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad cobrar patente municipal a una persona natural que solo recibe arriendos de inmuebles?

En este dictamen, la Contraloría sostuvo que el cobro procede solo si se constata ejercicio efectivo de actos continuos, organizados y orientados sistemáticamente al lucro, como la administración de inmuebles, y no por la mera percepción de cánones de arriendo.

¿Basta con tener inicio de actividades ante el SII para que un municipio cobre patente?

No. La Contraloría señaló que el solo registro de un giro ante el Servicio de Impuestos Internos no basta para acreditar la actividad gravada, por lo que el municipio debe verificar si los contribuyentes realizan efectivamente actividades afectas.

¿Se puede aplicar a otras personas lo resuelto en una sentencia judicial sobre patentes municipales?

No necesariamente. Según este dictamen, las sentencias judiciales tienen efectos relativos y no pueden aplicarse a personas que no litigaron en esos procesos.

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