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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Pichilemu, que había denegado el acceso a decretos que ordenan investigaciones sumarias en su Dirección de Administración y Finanzas. El órgano sostuvo que la información estaba reservada por el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 135 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. El Consejo concluyó que la causal no era aplicable, pues lo pedido consiste en copias de las resoluciones que instruyeron los procedimientos y su divulgación no pone en riesgo su éxito. Ordenó la entrega, con tarja de la identidad de denunciantes y funcionarios investigados, de cualquier dato que permita inferirla y de los datos personales de contexto, así como de diligencias futuras. Advirtió las sanciones del artículo 46 de la ley en caso de incumplimiento.

Normas citadas

  • Ley N° 18.883
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 18.834
  • Oficio Ord. N° 349
  • Oficio Ord. N° 729
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Procede entregar los decretos que ordenan investigaciones sumarias en un municipio si están reservados por el Estatuto Administrativo?

En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la reserva del artículo 135 del Estatuto Administrativo no era aplicable, pues lo pedido eran las resoluciones que instruyen los sumarios y su divulgación no pone en riesgo su éxito. Ordenó su entrega con tarja de la identidad de denunciantes y funcionarios investigados.

¿Se puede negar el acceso a información sobre sumarios administrativos invocando el riesgo para la investigación?

En este caso, el Consejo sostuvo que la causal del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia no se configuraba, ya que entregar copias de los decretos que instruyen los procedimientos no afecta su éxito. Por ello acogió el amparo contra la Municipalidad de Pichilemu.

¿Qué datos deben tarjarse al entregar información sobre investigaciones sumarias en un servicio público?

En este caso, el Consejo ordenó tarjar la identidad de denunciantes y funcionarios investigados, cualquier dato que permita inferirla y los datos personales de contexto, así como las diligencias futuras. Además, advirtió las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia por incumplimiento.

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