Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cese anticipado de una contrata de una funcionaria pública. Se discutía si el término de funciones era válido, ya que la resolución respectiva no explicitaba los fundamentos. El organismo concluyó que, aunque el acto administrativo carecía de motivación, la comunicación previa a la funcionaria indicaba que el cese se debía a ajustes orgánicos en el servicio, causa que resulta atendible. Por ello, se validó el cese, pero se instruyó al servicio a emitir en el futuro actos debidamente fundados. Respecto al proceso sumarial contra la jefatura de la funcionaria, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse, señalando que no puede emitir opinión anticipada sobre procedimientos reglados, reservándose su revisión al acto final.