Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una funcionaria de un hospital autogestionado, quien solicitó no ser trasladada de unidad por razones de salud y por una eventual disminución de sus remuneraciones. El dictamen concluye que el director del hospital tiene la facultad de destinar a los servidores bajo su dependencia, pudiendo disponer su organización interna y asignar tareas, siempre que no se rebaje la posición jerárquica del funcionario y las nuevas funciones correspondan a su estamento. Respecto a las razones de salud, los certificados médicos constituyen una mera recomendación, no una obligación, bastando que el organismo realice esfuerzos para atender la solicitud. En cuanto al aspecto remuneratorio, el interés público prima sobre el particular, por lo que una eventual disminución de ingresos no afecta la atribución de la autoridad. No obstante, se ordena al hospital ponderar los antecedentes de salud de la recurrente al decidir sobre el traslado.