El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Antofagasta, ordenando entregar copias de correos electrónicos institucionales de julio a octubre de 2024 entre funcionarios de la dirección jurídica y contratistas municipales, previa reserva de datos personales. Se consideró que dichas comunicaciones son información pública por generarse en ejercicio de funciones públicas y no afectar derechos de terceros. La decisión incluyó un voto disidente de la consejera N.G., quien estimó que se configuraba la causal de reserva por afectación a derechos de las personas, al no cumplir la Ley de Transparencia con las exigencias constitucionales para limitar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
D.F.L. N° 1
Ley N° 18.918
Decreto supremo N° 634
Decreto supremo N° 157
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Los correos electrónicos institucionales entre funcionarios municipales y contratistas son información pública según la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que dichas comunicaciones son información pública porque se generaron en el ejercicio de funciones públicas y no afectan derechos de terceros, por lo que ordenó su entrega previa reserva de datos personales.
¿Procede negar el acceso a correos institucionales de una municipalidad alegando la protección de la privacidad de las personas?
En este caso, el Consejo acogió el amparo y ordenó la entrega de los correos, descartando que existiera una afectación a derechos de terceros que justificara la reserva. Un voto disidente sí estimó configurada la causal de reserva por afectación a derechos.
¿Puede invocarse la inviolabilidad de las comunicaciones privadas para restringir el acceso a comunicaciones de funcionarios públicos?
En este caso, la consejera disidente sostuvo que la Ley de Transparencia no cumplía las exigencias constitucionales para limitar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, argumento que no prevaleció en la decisión de acoger el amparo.
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