Resumen
El Tribunal Tributario y Aduanero rechazó el reclamo interpuesto por un agente de aduanas contra dos actos administrativos de un expediente disciplinario del Servicio Nacional de Aduanas. El tribunal consideró que la sanción impuesta no afectaba las garantías constitucionales invocadas (artículo 19, números 21, 22 y 24 de la Constitución) y que, según lo planteado por el propio reclamante, solo constituía una amenaza, por lo que no se cumplían los requisitos legales para acoger el reclamo. Además, constató que las actuaciones reclamadas no eran arbitrarias ni contravenían la ley o la reglamentación interna de Aduanas, pues se dictaron en un procedimiento previo legalmente establecido y con fundamento racional en conductas tipificadas y sancionadas por la ley. En consecuencia, se declaró no ha lugar al reclamo, sin costas por estimar que la reclamante tuvo motivo plausible para litigar. La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la sentencia y la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma.