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La Contraloría General de la República representó la resolución del Instituto de Seguri…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República representó la resolución del Instituto de Seguridad Laboral que destituía a un funcionario, por estimar que la sanción era desproporcionada. Si bien el servidor incurrió en descuidos que implicaron un retraso en la entrega de prestaciones, no se acreditó que hubiera grave entorpecimiento del servicio ni deterioro intencional de bienes. Además, el funcionario asumió temporalmente una jefatura sin experiencia, en un contexto de alta carga laboral y falta de personal, circunstancias atenuantes no consideradas en el sumario. Por ello, se ordenó reabrir el proceso para determinar una sanción más acorde a la falta.

Normas citadas

  • ley 18834 art/61 lt/b
  • ley 18834 art/61 lt/c
  • ley 18834 art/61 lt/d
  • ley 18834 art/61 lt/f
  • ley 18834 art/61 lt/g
  • ley 18834 art/84 lt/e
  • ley 18834 art/84 lt/g
  • ley 18834 art/84 lt/j
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Es proporcionada la destitución de un funcionario público por retrasos en la entrega de prestaciones si no hubo grave entorpecimiento del servicio?

En este caso, la Contraloría representó la destitución por desproporcionada, porque si bien hubo descuidos que retrasaron prestaciones, no se acreditó grave entorpecimiento del servicio ni deterioro intencional de bienes. Ordenó reabrir el proceso para determinar una sanción más acorde a la falta.

¿Deben considerarse las circunstancias atenuantes al sancionar a un funcionario que asumió una jefatura temporal sin experiencia?

En este caso, la Contraloría estimó que el funcionario asumió temporalmente una jefatura sin experiencia, en un contexto de alta carga laboral y falta de personal, circunstancias atenuantes que no fueron consideradas en el sumario. Por ello, ordenó reabrir el proceso.

¿Puede la Contraloría representar una sanción disciplinaria de destitución cuando la considera desproporcionada?

En este caso, la Contraloría representó la resolución del Instituto de Seguridad Laboral que destituía a un funcionario, por estimar que la sanción era desproporcionada. Con ello ordenó reabrir el proceso para determinar una sanción más acorde a la falta.

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