La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una afiliada contra una…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una afiliada contra una Isapre por no otorgar igual cobertura a las prestaciones de salud mental que a las de salud física, conforme a la Ley N° 21.331 y la Circular IF/N° 396 de la Superintendencia de Salud. La Corte de Apelaciones había rechazado el recurso, pero el máximo tribunal revocó esa decisión, sosteniendo que la ley y la circular son de aplicación inmediata a todos los contratos de salud vigentes, no solo a los nuevos, pues el ordenamiento constitucional prohíbe cláusulas que discriminen en la cobertura de salud mental. En consecuencia, ordenó a la Isapre ajustar el contrato vigente para equiparar dichas coberturas. No obstante, denegó la restitución de sumas pagadas por falta de cobertura, por tratarse de una decisión constitutiva sin declaración judicial previa.
¿La Ley 21.331 sobre salud mental se aplica a los contratos de Isapre ya vigentes o solo a los nuevos?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la Ley 21.331 y la Circular IF/N° 396 son de aplicación inmediata a todos los contratos de salud vigentes, no solo a los nuevos. Por eso ordenó a la Isapre ajustar el contrato vigente para equiparar la cobertura de salud mental con la de salud física.
¿Procede recuperar lo pagado por una Isapre que no cubrió prestaciones de salud mental igual que las de salud física?
En este caso, la Corte Suprema denegó la restitución de sumas pagadas por falta de cobertura. Lo fundó en que se trataba de una decisión constitutiva que requería declaración judicial previa.
¿Puede presentarse un recurso de protección contra una Isapre por discriminación en la cobertura de salud mental?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una afiliada contra una Isapre por no otorgar igual cobertura a la salud mental que a la salud física. Revocó el rechazo de la Corte de Apelaciones, sosteniendo que el ordenamiento constitucional prohíbe cláusulas que discriminen en esa cobertura.
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