Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema conoció de un recurso de protección interpuesto por Sergio Alfredo Gálvez Valenzuela contra la Tesorería General de la República, impugnando la emisión, notificación y ejecución de resoluciones administrativas de cobro de una deuda derivada del financiamiento de sus estudios superiores bajo la Ley N°20.027. La Corte de Apelaciones había acogido el recurso, pero la Tesorería apeló. La Corte Suprema revocó dicha sentencia y rechazó el recurso. Sostuvo que la acción de protección es de naturaleza cautelar y no procede para declarar derechos que requieran debate o discusión propios de un procedimiento de lato conocimiento. En el caso, lo que se discute es la naturaleza jurídica del crédito y la determinación del tribunal competente y procedimiento aplicable, cuestiones que exceden el ámbito de la acción constitucional. Por ello, la pretensión del recurrente no puede ser resuelta por esta vía.