La Contraloría General de la República desestimó la reclamación de una fundación educac…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la reclamación de una fundación educacional sostenedora de un colegio, que cuestionaba la legalidad del artículo 8° del decreto N° 478, de 2015, del Ministerio de Educación, por considerar que se apartaba de los límites fijados en la ley N° 20.845 sobre eliminación progresiva del financiamiento compartido (FICOM). El organismo concluyó que la disposición reglamentaria se ajusta a la ley, pues esta establece que los cobros máximos por alumno disminuirán en el mismo monto en que aumenten los ingresos por subvenciones, sin admitir aumentos ante variaciones negativas. Se descartó un vacío legal o arbitrariedad, ya que la norma persigue la transición hacia la gratuidad y es aplicable a todos los establecimientos en igual situación.
Normas citadas
Ley N° 20.845
ContraloríaCGRdictamenadministrativo
Preguntas frecuentes
¿Un decreto que fija los cobros máximos del financiamiento compartido puede apartarse de la ley N° 20.845 sobre eliminación progresiva del FICOM?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la disposición reglamentaria impugnada se ajusta a la ley N° 20.845, pues esta establece que los cobros máximos por alumno disminuyen en el mismo monto en que aumentan los ingresos por subvenciones. Por ello desestimó la reclamación.
¿Puede un establecimiento educacional aumentar sus cobros de financiamiento compartido cuando sus ingresos por subvenciones bajan?
En este caso, el organismo sostuvo que la ley no admite aumentos del cobro máximo ante variaciones negativas de las subvenciones, por lo que la regla reglamentaria que lo impide es legal. La Contraloría descartó que existiera un vacío legal o arbitrariedad.
¿Es válida una norma reglamentaria del FICOM que se aplica igual a todos los colegios en la misma situación?
En este caso, la Contraloría General de la República estimó que la norma persigue la transición hacia la gratuidad y se aplica a todos los establecimientos en igual situación, por lo que no es arbitraria. Por eso concluyó que es válida.
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