Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta respecto de la cual no resulta aplicable el criterio del dictamen N° 4.860, de 2009, por tratarse de una materia distinta a la abordada en ese pronunciamiento. Para fundarlo, el organismo indicó que el artículo 11 de la ley en análisis regula los montos de la subvención adicional que el Estado paga para cumplir esa ley, por lo que su aplicación excede el sector municipal y comprende también a los establecimientos particulares subvencionados, incluidos los de financiamiento compartido regulados en el DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación. Además, precisó que los bonos de los artículos 1° a 3° y 7° de la ley fueron sustituidos por la ley N° 20.158, que creó la B.R.P. para los profesionales de la educación, incluidos los del sector particular subvencionado, y que los recursos deben destinarse exclusivamente al pago de esa bonificación. Se dejó constancia de que el peticionario percibió montos por este concepto el año 2012. Se ordenó transcribir el pronunciamiento a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Educación.