Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exservidor público relativa a los desahucios contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, y en la ley N° 15.840. Respecto de la prestación del artículo 80 de esta última, el órgano concluyó que la competencia para resolver corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, hoy Superintendencia de Pensiones, por lo que no le correspondía emitir pronunciamiento. En cuanto al oficio cuya revisión se impetraba, sostuvo que el período en que el exservidor se desempeñó como obrero no es útil para configurar el derecho al desahucio fiscal, pues en esas funciones no estuvo afecto a dicho texto legal, y que si bien al ser contratado como oficial administrativo pasó a regirse por él, no pudo cotizar en el fondo respectivo por estar afiliado al sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980. Sin embargo, al constatar que el recurrente es titular de una pensión de vejez del antiguo régimen, estimó aplicable el artículo 2° de la ley N° 18.225, por lo que el Instituto de Previsión Social debe verificar si al efectuar la liquidación de tasa por desafectación destinó sumas para financiar un eventual desahucio o si omitió hacerlo, informando en su caso sobre el reintegro de cotizaciones.