Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a las resoluciones N°s. 32 y 33, de 2016, de la Subsecretaría de Justicia, que aplicaban las medidas disciplinarias de suspensión del empleo por treinta días con goce del cincuenta por ciento de la remuneración mensual y de censura al ex Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación. El órgano contralor representó dichos actos administrativos por estimar que la potestad disciplinaria respecto de los empleados públicos que ejercen cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República, como es el caso del jefe superior de un organismo descentralizado, reside en dicha autoridad, y no en la Subsecretaría. En consecuencia, devolvió los antecedentes para que la superioridad disponga lo conveniente y subsane la objeción, conforme a la jurisprudencia administrativa citada.