El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado contr…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado contra una disposición legal que excluye la posibilidad de acceder a penas alternativas en ciertos delitos, como violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, y tráfico ilícito de drogas. La mayoría consideró que la norma impugnada no vulnera la Constitución, pues el legislador tiene un margen de decisión regulatoria autónoma en materia de política criminal y reserva legal de penas. Se estimó que la exclusión de penas sustitutivas para estos ilícitos es razonable y no discriminatoria, dado el mayor reproche que contienen. Además, se precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente, no a esta Magistratura.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho a la identidad de géneroDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho A La Proteccion De Datos Personales
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya las penas alternativas para delitos como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que sí, porque el legislador tiene margen para definir la política criminal y la reserva legal de las penas. Estimó que la exclusión es razonable y no discriminatoria, dado el mayor reproche de estos ilícitos.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena concreta que corresponde aplicar en un caso penal?
No. En este caso, el Tribunal precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.
¿Qué es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y cuándo se rechaza?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque consideró que la norma impugnada no vulnera la Constitución. Por eso, la disposición legal que excluye las penas alternativas en esos delitos se mantuvo aplicable.
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