Resumen
La Contraloría General de la República ratificó el dictamen N° 37.503 de 2016, que ordenó al Instituto de Investigaciones y Control del Ejército pagar las remuneraciones íntegras a un funcionario pensionado de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, regido por el Código del Trabajo, desde el 15 de diciembre de 2015 hasta que se regularice su situación. El organismo había solicitado la reconsideración del dictamen, argumentando que no se configuraba una fuerza mayor que justificara el pago. La Contraloría desestimó este argumento, señalando que la fuerza mayor se configuró desde la fecha del reclamo del funcionario, cumpliendo con los requisitos de inimputabilidad, imprevisibilidad e irresistibilidad. Además, rechazó las alegaciones sobre posibles acciones judiciales de otros servidores, por tratarse de consultas genéricas.