Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución de la Dirección del Trabajo que sancionó a un funcionario y rechazó los reclamos presentados por el afectado. El recurrente impugnó la validez del sumario administrativo, alegando que no se valoraron declaraciones de dos funcionarias que, a su juicio, probaban su inocencia, y que no se consideraron sus calificaciones ni la ausencia de medidas disciplinarias previas, lo que configuraba una desproporción en la sanción. La Contraloría recordó que, conforme al artículo 35 de la ley N° 19.880, aplicable supletoriamente a los procesos disciplinarios del Estatuto Administrativo, los hechos pueden acreditarse por cualquier medio probatorio y apreciarse en conciencia. Señaló que los testimonios favorables no lograron desvirtuar los demás elementos de convicción del expediente. Respecto de la proporcionalidad, precisó que la instructora sí consideró las atenuantes, pero estimó que existían numerosos reclamos de usuarios y colegas, y preevaluaciones con reparos similares, por lo que dichas atenuantes no disminuyeron su responsabilidad. En consecuencia, rechazó las reclamaciones y dio curso a la resolución por encontrarse ajustada a derecho.