Resumen
La Contraloría General de la República desestimó el reclamo presentado contra la resolución N° 109, de 2013, de la Dirección del Trabajo, que aplicó una sanción tras un sumario administrativo. El reclamante alegaba falta de imparcialidad, un cambio de destino durante la investigación, preguntas mal formuladas y una valoración sesgada de la prueba. El organismo concluyó que el sustanciador tiene amplias facultades de investigación según el artículo 135 de la Ley N° 18.834, que puede acotar las preguntas y extender sus averiguaciones a otras irregularidades. Sobre el traslado, indicó que el artículo 136 permite destinos transitorios dentro de la misma institución y ciudad, pero que el cambio a una localidad distinta no afectó el derecho a defensa, pues el afectado declaró, fue notificado de los cargos, presentó descargos, rindió prueba y recurrió de reposición. Finalmente, señaló que la apreciación de la prueba corresponde a quien sustancia el sumario y a la autoridad disciplinaria, sin arbitrariedad. Por ello, la Contraloría tomó razón del instrumento y devolvió el sumario al servicio.