Resumen del criterio jurisprudencial
Pereira-Figueroa Inversiones S.A. dedujo recurso de protección en contra de la Asociación de Canalistas Canal Cocalán, por considerar que la respuesta de la recurrida a su solicitud de incorporación como miembro constituía un acto arbitrario e ilegal que vulneraba sus garantías constitucionales. La recurrida alegó que el dominio sobre los derechos de aprovechamiento de aguas no estaba en discusión, pero que se encontraba en proceso de revisión información que podía colisionar con derechos de otros propietarios. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó el recurso, argumentando que el acto impugnado era un acto intermedio o de trámite, sin aptitud para vulnerar garantías constitucionales. La Corte Suprema confirmó esta decisión, señalando que el recurso de protección no prospera porque el acto denunciado carece de la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de derechos constitucionales. Así, se mantuvo el rechazo del recurso, concluyendo que la vía adecuada era un juicio ante el tribunal civil competente.