Resumen
La recurrente, dueña de un predio rural, dedujo recurso de protección contra la empresa eléctrica Caren S.A., por los derrames que, según alegó, provocaban los reiterados rompimientos del ducto de canalización de agua que surte a centrales hidroeléctricas, invocando los derechos a la vida y de propiedad. La recurrida sostuvo que cumplió los requisitos legales y que la acción no era la vía idónea. La Dirección General de Aguas informó que no constató deficiencias, pero que las obras no habían sido recepcionadas ni autorizadas para operar. La Corte Suprema revocó la sentencia de primera instancia y acogió el recurso, por estimar que la falta de recepción definitiva de las obras hidráulicas constituye una ilegalidad y una amenaza evidente para el predio y la vida de la recurrente, que debe corregirse por esta vía. En consecuencia, ordenó la suspensión inmediata del flujo de agua por el conducto hasta que la Dirección General de Aguas extienda la recepción definitiva, sin perjuicio de su supervigilancia y de las acciones que asistan a la recurrente.