La Corte Suprema rechazó una acción constitucional de protección interpuesta contra una…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema rechazó una acción constitucional de protección interpuesta contra una Isapre y la Superintendencia de Salud por el alza de la prima GES. El recurrente alegaba que el aumento era desproporcionado e injustificado, vulnerando las garantías de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución. El tribunal analizó el artículo 206 del DFL N°1 de 2005 y determinó que el precio comunicado es el resultado de un proceso objetivo y fiscalizado por la Superintendencia, conforme a parámetros legales. Al tratarse de un contrato tipo parcialmente dirigido por la autoridad pública, no se configuró un actuar ilegal ni arbitrario, por lo que se confirmó la sentencia apelada y se rechazó el recurso, sin costas.
Normas citadas
Artículo 206 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud
Artículo 206 bis del D.F.L. N° 1 de 2005
Ley N°21.674
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
¿Es ilegal el alza de la prima GES que cobra una Isapre si el afiliado la considera desproporcionada?
En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección y sostuvo que el precio de la prima GES es resultado de un proceso objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, conforme a parámetros legales. Como se trata de un contrato tipo parcialmente dirigido por la autoridad, no se configuró un actuar ilegal ni arbitrario.
¿Puede un afiliado a una Isapre reclamar por vía de protección un alza de la prima GES alegando vulneración de sus garantías constitucionales?
En este caso, el recurrente alegó que el aumento vulneraba los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución, pero la Corte Suprema rechazó el recurso al no constatar un acto ilegal ni arbitrario. El tribunal confirmó así la sentencia apelada, sin imponer costas.
¿Qué rol cumple la Superintendencia de Salud en la fijación del precio de los planes de salud de las Isapres?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la Superintendencia de Salud fiscaliza el proceso que determina el precio comunicado, el cual debe ajustarse a los parámetros del artículo 206 del DFL N°1 de 2005. Ese control público fue considerado suficiente para descartar la arbitrariedad alegada.
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