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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una ex funcio…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una ex funcionaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que pretendía acceder al bono de la ley N° 20.305. El dictamen explica que el beneficio exige, entre otros requisitos copulativos, que las mujeres tengan 60 años cumplidos y que cesen en el cargo dentro de los 12 meses siguientes a cumplir esa edad, plazo que la jurisprudencia del organismo considera único tanto para solicitar el bono como para cesar en funciones. Como la recurrente cumplió 60 años a fines de 2009, pero presentó su renuncia con efecto al 31 de diciembre de 2010, fuera del plazo, la Contraloría concluyó que no tiene derecho al beneficio. Asimismo, desestimó su alegación de haber recibido información insuficiente del servicio, por no encontrarse acreditada.

Normas citadas

  • ley 20305 art/1 inc/1
  • ley 20305 art/2 num/5 ctr art/161 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Una funcionaria pública puede acceder al bono de la ley 20.305 si cesa en el cargo después de los 12 meses siguientes a cumplir 60 años?

No. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el beneficio exige que la mujer cese en el cargo dentro de los 12 meses siguientes a cumplir 60 años, plazo que considera único para solicitar el bono y para cesar en funciones. Como la renuncia se produjo fuera de ese plazo, rechazó el derecho al beneficio.

¿Es el plazo de 12 meses para cesar en el cargo un requisito copulativo para el bono de la ley 20.305?

Sí, según este dictamen. La Contraloría explicó que la ley 20.305 exige, entre otros requisitos copulativos, tener 60 años cumplidos y cesar en el cargo dentro de los 12 meses siguientes a esa edad, cumpliéndose todos ellos para acceder al beneficio.

¿Un error o falta de información del servicio público permite obtener el bono de la ley 20.305 fuera de plazo?

No necesariamente. En este caso, la Contraloría desestimó la alegación de haber recibido información insuficiente del servicio, porque no se encontraba acreditada, por lo que no alteró la conclusión de que no existía derecho al beneficio.

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