Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionaria que pidió determinar su derecho a la bonificación de la ley N° 20.305. La interesada, que trabajó en un centro de salud dependiente de una corporación municipal, cumplía los requisitos de edad al 1 de enero de 2009, pero no presentó la solicitud dentro del plazo de doce meses establecido por el artículo 1° transitorio de dicha ley, que vencía el 31 de diciembre de 2009. El organismo concluyó que, por mandato legal, la falta de petición en el plazo señalado implica la renuncia al beneficio, por lo que no le asiste el derecho a percibirlo.