La Contraloría General de la República concluyó que no procede el pago de la indemnizac…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República concluyó que no procede el pago de la indemnización del artículo 44 del DFL 2.252 de 1957, del Ministerio de Hacienda, a un ex funcionario que reclamaba el beneficio. Al no contemplar la norma un plazo especial, se aplicó la prescripción general de cinco años del Código Civil, y como el reclamante cesó en sus funciones en 1976, el derecho a exigir el pago ya se había extinguido. Asimismo, el órgano descartó el desahucio de los artículos 102 y siguientes del antiguo Estatuto Administrativo, pues solo beneficia a funcionarios afectos a ese estatuto e imponentes de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas que cotizaron al fondo de desahucio y no lo solicitaron oportunamente, condiciones que no se daban en el caso.
Normas citadas
dfl 2252/57 hacie art/44 lt/a
cci art/2515
dfl 338/60 art/102
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Prescribe el derecho a cobrar la indemnización del artículo 44 del DFL 2.252 de 1957 para un ex funcionario público?
Según este dictamen de la Contraloría, la norma no contempla un plazo especial, por lo que se aplica la prescripción general de cinco años del Código Civil. En este caso, como el reclamante cesó en sus funciones en 1976, el derecho a exigir el pago ya se había extinguido.
¿Puede un ex funcionario exigir el desahucio de los artículos 102 y siguientes del antiguo Estatuto Administrativo?
En este caso, la Contraloría descartó el desahucio porque solo beneficia a funcionarios afectos a ese estatuto e imponentes de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas que cotizaron al fondo y no lo solicitaron oportunamente. El reclamante no cumplía esas condiciones.
¿Procede el pago de la indemnización del artículo 44 del DFL 2.252 a un ex funcionario que reclama el beneficio años después de cesar en sus funciones?
La Contraloría concluyó que no procede el pago en este caso, porque el derecho prescribió al aplicarse el plazo general de cinco años del Código Civil. El reclamante había cesado en sus funciones en 1976, por lo que ya no podía exigirlo.
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