Resumen del criterio jurisprudencial
La doctrina establecida por la mayoría del Tribunal Constitucional en este fallo se centra en la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debido a la falta de un fundamento plausible. Se establece que la acción de inaplicabilidad es un mecanismo para determinar si una disposición legal aplicable en un asunto pendiente ante tribunales ordinarios o especiales produce un efecto contrario a la Constitución. En este caso, la Corte determina que la impugnación planteada por la requirente se refiere a una discusión sobre la aplicación de una norma legal por parte de una autoridad administrativa, lo cual es una cuestión de legalidad que debe ser resuelta por el juez de fondo. El Tribunal Constitucional reitera su competencia, basada en el artículo 93, inciso primero, N° 6° de la Constitución, para resolver la inaplicabilidad de un precepto legal, pero enfatiza que esta competencia no se extiende a revisar la aplicación de la ley, sino a evaluar su compatibilidad con la Constitución, y que el requerimiento carece de un fundamento plausible al cuestionar la calificación de la conducta, más que la constitucionalidad de la norma en sí misma.