Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un funcionario del Ejército al que se le aplicó la pena accesoria de pérdida de estado militar, causal de retiro absoluto, y que reclamó por la notificación durante una licencia médica, por la suspensión de su decreto de retiro, por vicios en una investigación sumaria en trámite y por supuestas conductas de acoso laboral. El organismo concluyó que la decisión de requerir la baja se ajustó a derecho; que estar con licencia médica no impide practicar comunicaciones; que la Ley N° 19.880 no rige para la toma de razón, por lo que no procedía la suspensión; y que no le corresponde intervenir durante la investigación sumaria, regida por el decreto N° 277 de 1974. Respecto del acoso laboral, señaló que debe analizarse mediante un procedimiento sumarial, por lo que la jefatura institucional debe evaluar instruir una investigación.