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El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. La mayoría del tribunal rechazó la impugnación, sosteniendo que el control de armas protege la seguridad pública como bien jurídico constitucionalmente reconocido. Concluyó que el precepto restringe el marco penal y no la individualización judicial de la pena, de modo que el juez conserva la facultad de aplicar agravantes y atenuantes, sin disminuir el juicio de culpabilidad ni afectar la dignidad personal. Asimismo, estimó que el legislador tiene primacía en materias de política criminal dentro de los límites constitucionales. El fallo incluye además un voto de prevención que, si bien concurre al rechazo, sostiene que los tribunales de fondo pueden, por interpretación, mantener la competencia sobre acciones relativas a funcionarios públicos.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso 3, de Código del Trabajo
  • artículo 485, de Código del Trabajo
  • Constitución Política, artículo 7, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 8, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 6
  • Constitución Política, artículo 19, inciso tercero, numeral 6
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 7
Tribunal ConstitucionalINAAdministracion PublicaAutoresCompetencia Y Jurisdiccion PenalControl De Constitucionalidad De Proyectos De LeyCopropiedadDerecho Administrativo Disciplinario

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley de control de armas restrinja el marco penal del delito y no permita al juez aplicar una pena menor?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación. Sostuvo que el precepto restringe el marco penal y no la individualización judicial de la pena, por lo que el juez conserva la facultad de aplicar agravantes y atenuantes sin afectar la dignidad personal.

¿Puede el legislador establecer penas más severas para delitos relacionados con armas en protección de la seguridad pública?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que el control de armas protege la seguridad pública como bien jurídico constitucionalmente reconocido. Además, señaló que el legislador tiene primacía en materias de política criminal dentro de los límites constitucionales.

¿Puede un juez de fondo mantener la competencia para conocer acciones relativas a funcionarios públicos en delitos de control de armas?

En este caso, el fallo incluyó un voto de prevención que, aunque concurre al rechazo, sostiene que los tribunales de fondo pueden, por interpretación, mantener esa competencia sobre acciones relativas a funcionarios públicos.

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