El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe las penas sustitutivas a la privación de libertad, por vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas (artículos 19 N°2 y 19 N°3 de la Constitución). La mayoría sostuvo que dicha restricción impide al juez adecuar la sanción al caso concreto y que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino que buscan la reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, por estimar que el legislador puede fijar marcos penales especiales para proteger la seguridad pública, sin afectar la individualización judicial de la pena.
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Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional que la ley prohíba aplicar penas sustitutivas a la privación de libertad en todos los casos?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 por vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas. Sostuvo que esa restricción impide al juez adecuar la sanción al caso concreto y que las penas sustitutivas buscan la reinserción social, no la impunidad.
¿El legislador puede fijar marcos penales especiales para delitos que afectan la seguridad pública sin vulnerar la individualización judicial de la pena?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. Estimó que el legislador puede establecer marcos penales especiales para proteger la seguridad pública sin afectar la individualización judicial de la pena.
¿Qué efecto tiene una declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y declaró inaplicable un precepto de la Ley N° 18.216 solo para el caso concreto. La decisión no deroga la norma, sino que impide su aplicación en el proceso en que se planteó la impugnación.
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