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El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua acogió una querella infraccional y una d…

Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RANCAGUA · 2022

Resumen

El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua acogió una querella infraccional y una demanda civil por infracción a la Ley del Consumidor, presentadas por una consumidora tras la sustracción de su bicicleta en el estacionamiento de un supermercado. El tribunal estimó que el proveedor incumplió su obligación de garantizar la seguridad del espacio destinado al aparcadero de bicicletas que ofrece a los consumidores, infracción prevista en los artículos 3° letra d) y 23 de la Ley N°19.496. En consecuencia, condenó al proveedor al pago de una multa de cinco unidades tributarias mensuales y a indemnizar a la consumidora por daño emergente y daño moral, este último avaluado prudencialmente en consideración a la aflicción causada, con los reajustes e intereses legales correspondientes, y le impuso las costas del juicio.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
  • Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Puede un supermercado ser responsable si me roban la bicicleta en su estacionamiento?

En este caso, el tribunal acogió la querella y condenó al proveedor porque incumplió su obligación de garantizar la seguridad del espacio destinado al aparcadero de bicicletas que ofrece a los consumidores, infracción a los artículos 3° letra d) y 23 de la Ley N°19.496.

¿Qué indemnización corresponde por daño moral si me sustraen la bicicleta en un estacionamiento de supermercado?

En este caso, el tribunal condenó al proveedor a indemnizar el daño emergente y el daño moral, este último avaluado prudencialmente en consideración a la aflicción causada, con reajustes e intereses legales.

¿Qué sanción arriesga un proveedor que no resguarda la seguridad de los bienes de los consumidores en su local?

En este caso, el tribunal condenó al proveedor al pago de una multa de cinco unidades tributarias mensuales y le impuso las costas del juicio por incumplir su obligación de seguridad.

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