Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 268, de 2013, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que aplicaba la medida disciplinaria de destitución a un funcionario. El órgano fiscalizador concluyó que la responsabilidad administrativa se había extinguido por prescripción de la acción disciplinaria. Explicó que, conforme a los artículos 158 y 159 del Estatuto Administrativo, el plazo es de cuatro años y se suspende desde la formulación de cargos, continuando su cómputo tras dos calificaciones funcionarias sin sanción. Como los hechos de 2005 se imputaron recién en agosto de 2009 y el plazo se cumplió antes de la resolución de término de mayo de 2013, ordenó dictar un acto que declare la extinción de la responsabilidad.