La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una empresa de combustibles contra un oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El conflicto giraba en torno a si la regla de vida útil máxima de treinta años para tanques enterrados, incorporada en 2020, podía aplicarse a instalaciones construidas con anterioridad a esa fecha. La empresa sostuvo que ello implicaba una aplicación retroactiva y vulneraba la confianza legítima. La Corte desestimó ambos argumentos: consideró que la norma del reglamento respectivo es operativa y autoejecutable, aplicable a todas las instalaciones con independencia de su fecha de construcción, y que la interpretación de la Superintendencia no constituye aplicación retroactiva. Asimismo, señaló que la confianza legítima no protege expectativas frente a disposiciones generales de seguridad y prevención de riesgos, ni otorga derecho a la inmutabilidad normativa, y que no se identificó un acto administrativo que hubiera conferido un derecho adquirido a operar indefinidamente tanques con más de treinta años de antigüedad. En consecuencia, concluyó que el actuar de la autoridad administrativa se ajustó a derecho y rechazó el reclamo, sin costas.
¿Puede la Superintendencia aplicar una nueva regla de vida útil máxima a instalaciones construidas antes de su entrada en vigencia?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la norma de vida útil máxima de treinta años para tanques enterrados es operativa y autoejecutable, y se aplica a todas las instalaciones con independencia de su fecha de construcción.
¿Constituye aplicación retroactiva la interpretación de la Superintendencia que exige la regla de vida útil a tanques antiguos?
En este caso, la Corte desestimó el argumento de retroactividad y concluyó que la interpretación de la Superintendencia no constituye aplicación retroactiva de la norma.
¿Protege la confianza legítima la expectativa de operar indefinidamente instalaciones antiguas frente a nuevas exigencias de seguridad?
En este caso, la Corte señaló que la confianza legítima no protege expectativas frente a disposiciones generales de seguridad y prevención de riesgos, ni otorga derecho a la inmutabilidad normativa, y que no se identificó un acto administrativo que confiriera un derecho adquirido a operar indefinidamente.
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