Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de una funcionaria municipal de La Cisterna que pretendía acceder a la bonificación de la ley N° 20.305. La interesada cesó en sus funciones tras un despido que una sentencia laboral calificó de injustificado, pero antes de cumplir los 60 años exigidos por la ley. El organismo recordó que la norma exige cumplir esa edad, solicitar el beneficio y cesar dentro de los 12 meses siguientes, plazo único que, según su jurisprudencia, corre desde que se cumple la edad. Concluyó que el fallo laboral no altera la fecha de término de funciones, por lo que la solicitante no reúne los requisitos y no tiene derecho al beneficio.