La Contraloría General de la República se pronunció sobre la participación del alcalde…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2026
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la participación del alcalde de Cerrillos en una asociación cultural de derecho privado. Concluyó que el municipio carece de atribuciones para formar parte de esa entidad y que la participación del alcalde no se ajusta a derecho. Si bien esa participación debe entenderse a título personal y no en ejercicio del cargo, se determinó que resulta incompatible con su empleo público, porque la actividad incide en las labores propias del municipio, aplicándose el artículo 56 de la ley N° 18.575 y el principio de probidad. Se ordenó a la municipalidad y al alcalde ajustar su actuar y informar en 30 días hábiles. Además, el organismo señaló que no le corresponde pronunciarse sobre la contratación del secretario ejecutivo de la asociación, sin perjuicio de sus facultades para fiscalizar la correcta inversión de fondos públicos entregados a entidades privadas.
Normas citadas
DFL 1/3063/80 inter art/12
ley 18695 art/129
ley 18575 art/6
ley 20500 art/5
ley 18575 art/56
ley 10336 art/6
ley 10336 art/25
ley 10336 art/85
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio formar parte de una asociación cultural de derecho privado?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la municipalidad carece de atribuciones para formar parte de la asociación cultural y que dicha participación no se ajusta a derecho.
¿Puede un alcalde participar en una entidad privada si lo hace a título personal?
Aunque la Contraloría estimó que la participación debía entenderse a título personal y no en ejercicio del cargo, la declaró incompatible con su empleo público, porque la actividad incidía en las labores propias del municipio, aplicando el artículo 56 de la ley N° 18.575 y el principio de probidad.
¿Qué debe hacer la Contraloría cuando un municipio entrega fondos públicos a una entidad privada?
En este caso, el organismo señaló que no le corresponde pronunciarse sobre la contratación del secretario ejecutivo de la asociación, pero mantiene sus facultades para fiscalizar la correcta inversión de los fondos públicos entregados a entidades privadas.
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