Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el deber de la alcaldesa de Quinta Normal, en su calidad de presidenta de la Corporación Comunal de Desarrollo Social de esa comuna, de adoptar las medidas necesarias para que la corporación cumpla el ordenamiento jurídico. El órgano fiscalizador señaló que estas corporaciones municipales son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, pero que el alcalde, al presidirlas, ejerce una función pública sujeta a los principios de juridicidad y probidad, y a responsabilidad civil, penal y administrativa. En consecuencia, resolvió que la alcaldesa debe arbitrar las medidas tendientes a que la actuación de los agentes que intervienen en la gestión comunal se desarrolle dentro del marco jurídico vigente, fundándose en la Constitución Política, la ley N° 18.575 y la ley N° 18.695.