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La Contraloría General de la República determinó que la Municipalidad de Colina no se a…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2024

Resumen

La Contraloría General de la República determinó que la Municipalidad de Colina no se ajustó a derecho al constituir una corporación de derecho privado para ejercer facultades municipales, ya que ello implica transferir competencias propias e indelegables de la entidad edilicia a un tercero, contraviniendo los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y la ley N° 18.695. El órgano contralor ordenó la disolución de dicha corporación en un plazo de 30 días hábiles administrativos, sin perjuicio de una fiscalización adicional sobre eventuales conflictos de interés y aplicación de la ley del lobby.

Normas citadas

  • POL art/118
  • ley 18695 art/5 lt/i
  • ley 18695 art/129
  • ley 18695 art/130
  • ley 18695 art/4 lt/g
  • DTO 19/2016 vivie art/1
  • DTO 19/2016 vivie art/2 lt/b
  • POL art/6
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad constituir una corporación de derecho privado para ejercer sus facultades municipales?

En este caso, la Contraloría General de la República determinó que no, porque ello implica transferir a un tercero competencias propias e indelegables de la municipalidad, contraviniendo la Constitución y la Ley N° 18.695. Por eso ordenó disolver la corporación.

¿Qué plazo tiene una municipalidad para disolver una corporación privada creada para ejercer funciones municipales según dictamen de Contraloría?

En este caso, la Contraloría ordenó la disolución de la corporación en un plazo de 30 días hábiles administrativos. Esto se entiende sin perjuicio de una fiscalización adicional sobre posibles conflictos de interés.

¿Qué consecuencias tiene para una municipalidad crear una corporación privada que reciba competencias municipales?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la municipalidad no se ajustó a derecho al constituir la corporación. Además, el órgano dispuso una fiscalización adicional sobre eventuales conflictos de interés y la aplicación de la ley del lobby.

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