Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si las corporaciones municipales reguladas por el artículo 129 de la ley N° 18.695 pueden integrarse al registro de donatarios creado por la ley N° 19.885. Concluyó que la normativa no distingue el tipo de corporaciones, por lo que no existe impedimento para incorporarlas, siempre que cumplan las exigencias de esa ley y su reglamento y que los proyectos se enmarquen en sus ámbitos de acción, como la promoción del arte, la cultura y el deporte, y el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. Sin embargo, estas corporaciones no pueden recibir las donaciones previstas en la letra b) del inciso primero del artículo 157 ter del Código del Trabajo, destinadas a la capacitación, rehabilitación e inserción laboral de personas con discapacidad, por exceder sus fines constitutivos. Asimismo, se resolvió que quienes laboran en estas corporaciones y sus autoridades, incluidos los alcaldes, están sujetos al principio de probidad administrativa aunque no sean funcionarios públicos, debiendo abstenerse ante un eventual conflicto de intereses.