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La Contraloría General de la República se pronunció sobre las facultades fiscalizadoras…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2025

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre las facultades fiscalizadoras de los concejales municipales, estableciendo que estas no incluyen la posibilidad de interceder ante el alcalde o funcionarios municipales en favor de asuntos de particulares. El dictamen analizó los mecanismos de solicitud de información que tienen los concejales, distinguiendo entre el requerimiento formulado por intermedio del concejo y el que pueden ejercer directamente ante la autoridad edilicia, pero con las limitaciones legales correspondientes. Se concluyó que la función fiscalizadora del concejo no comprende gestionar intereses particulares, sin perjuicio de las atribuciones para fiscalizar unidades municipales y citar a directores. Además, se recordó la aplicación de la ley de lobby y las normas de probidad administrativa a los concejales.

Normas citadas

  • Ley 18695 art/71
  • ley 18695 art/79 lt/h
  • ley 18695 art/87
  • ley 20730
  • ley 18695 art/40 inc/fin
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede un concejal municipal intervenir ante el alcalde o funcionarios para gestionar un asunto particular de un vecino?

No. En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la función fiscalizadora del concejo no comprende gestionar intereses particulares, aunque los concejales sí pueden fiscalizar unidades municipales y citar a directores.

¿Qué mecanismos tienen los concejales municipales para solicitar información a la municipalidad?

En este caso, la Contraloría distinguió entre el requerimiento formulado por intermedio del concejo y el que los concejales pueden hacer directamente ante la autoridad edilicia, ambos sujetos a las limitaciones legales correspondientes.

¿Qué normas de probidad y de lobby se aplican a los concejales municipales al ejercer sus funciones?

La Contraloría recordó que a los concejales se les aplica la ley de lobby y las normas de probidad administrativa, lo que limita sus actuaciones frente a la municipalidad.

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