Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre las solicitudes de información de los concejales municipales. Determinó que la atribución de requerir información, prevista en el artículo 79, letra h), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, radica en el concejo como órgano colegiado y se ejerce a través del alcalde, por lo que las solicitudes deben formularse en el marco de una sesión del concejo. Sin embargo, precisó que, tratándose de requerimientos formulados por concejales individualmente considerados, no resulta procedente exigir como única vía un acuerdo previo del concejo ni su canalización exclusiva a través de la Secretaría Municipal. Lo fundó en que la misma norma reconoce al concejal la facultad de solicitar información por escrito, con respuesta del alcalde dentro de quince días, y en que el artículo 87 le permite requerir información directamente al alcalde, con las limitaciones que esa disposición establece. Por ello, las instrucciones municipales deben aplicarse en armonía con la ley, sin restringir indebidamente sus facultades. Asimismo, recordó que las funciones fiscalizadoras no incluyen gestiones en favor de intereses particulares, aunque los concejales sí pueden plantear problemáticas de interés general.