Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación de un gremio que denunciaba el traslado y la asignación de funciones de servidores de la Dirección de Atención Primaria, además de un supuesto amedrentamiento. El organismo concluyó que las medidas de traslado y asignación se ajustan a la normativa, citando el artículo 10 de la ley N° 18.834, que establece que los empleos a contrata duran hasta el 31 de diciembre de cada año y que su grado se asigna según la importancia de la función. Respecto de un funcionario cuyo grado de contrata bajó en 2016, la Contraloría estimó que la decisión no es objetable, pues respondió al cambio de funciones desde labores de apoyo a convenios hacia tareas de kinesiólogo en un centro de salud familiar. En cuanto al presunto acoso laboral, informó que el servicio de salud ordenó dos procesos disciplinarios para investigarlo, cuyos resultados podrán ser examinados en la toma de razón de las resoluciones que los afinen.