Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre diversas presentaciones de un educador municipal, entre ellas la solicitud de la bonificación prevista en la ley N° 20.883. Conforme al criterio del dictamen N° 98.201, de 2015, el derecho a esa bonificación exige haber estado en funciones en alguno de los organismos señalados por la ley a la fecha de su publicación y mantener un vínculo laboral con esas entidades al momento de percibirla. Como el recurrente dejó de desempeñarse en la municipalidad antes de esa fecha, no cumplía los requisitos. Respecto de un certificado de antigüedad emitido por otra municipalidad, el organismo determinó que no era verificable ni concordante con los registros del sistema previsional, y que su firma no correspondía al ministro de fe municipal, por lo que no lo consideró. En consecuencia, ordenó a la municipalidad ponderar la instrucción de una investigación sumaria contra el funcionario que lo suscribió, e informar a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía. Finalmente, desestimó la presentación.