El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 492, inciso segundo, del Código del Trabajo, norma que impide interponer recursos contra la resolución que dispone la suspensión de los efectos del acto impugnado en un procedimiento de tutela laboral. La parte requirente sostenía que esa prohibición vulneraba el debido proceso consagrado en la Constitución, al impedir que los antecedentes fácticos y jurídicos de la resolución que le causaba agravio fueran revisados por el mismo tribunal o por uno superior, afectando el acceso al recurso y el doble conforme. El Tribunal rechazó el requerimiento, de modo que no acogió la inaplicabilidad pedida. La decisión se adoptó con la disidencia de un ministro, quien estuvo por acoger la impugnación, estimando que la restricción no resultaba razonable bajo un escrutinio intermedio y que la celeridad procesal laboral no podía prevalecer sobre las garantías de un procedimiento racional y justo.
Normas citadas
artículo 492, inciso 2, de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoTutela laboralDerecho Al RecursoTutela Judicial Efectiva
Preguntas frecuentes
¿Se puede impugnar la resolución que suspende los efectos del acto impugnado en un procedimiento de tutela laboral?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que el artículo 492, inciso segundo, del Código del Trabajo, que impide interponer recursos contra esa resolución, no es inconstitucional.
¿La prohibición de recurrir la suspensión de efectos en tutela laboral vulnera el debido proceso?
En este caso, el Tribunal Constitucional no acogió la inaplicabilidad pedida, descartando que esa prohibición vulnere el debido proceso consagrado en la Constitución, aunque hubo un ministro disidente.
¿Prevalece la celeridad procesal laboral sobre el derecho a recurrir?
En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, sin acoger el planteamiento de que la celeridad procesal laboral no podía prevalecer sobre las garantías de un procedimiento racional y justo.
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