El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que cuestionaba el inciso final del artículo 3° de la Ley N° 19.880, que consagra la presunción de legalidad y la ejecutoriedad de los actos administrativos. El requerimiento se dedujo en un juicio laboral contra una municipalidad, en el que se pretendía el reconocimiento de una relación laboral encubierta bajo contratos a honorarios. El Tribunal sostuvo que corresponde al juez del fondo determinar, conforme a la regulación legal aplicable, si procede o no el cobro de las sumas reclamadas y desde cuándo, pues la Constitución habilita al legislador para establecer modalidades de contratación dentro de los márgenes constitucionales. Asimismo, dispuso alzar la suspensión del procedimiento decretada en la causa y no condenar en costas a la parte requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
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Preguntas frecuentes
¿El Tribunal Constitucional puede declarar inaplicable la presunción de legalidad de los actos administrativos en un juicio laboral contra un municipio?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad que cuestionaba el inciso final del artículo 3° de la Ley N° 19.880, por lo que la presunción de legalidad y ejecutoriedad de los actos administrativos se mantuvo vigente en la causa.
¿Quién decide si un trabajador contratado a honorarios tiene derecho al cobro de sumas por una relación laboral encubierta?
En este caso, el Tribunal sostuvo que corresponde al juez del fondo determinar, conforme a la regulación legal aplicable, si procede o no el cobro de las sumas reclamadas y desde cuándo, pues la Constitución permite al legislador establecer modalidades de contratación.
¿Cuándo se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal no condenó en costas a la parte requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar, y además alzó la suspensión del procedimiento decretada en la causa.
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