El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 472 del Código del Trabajo, que declara inapelables las resoluciones dictadas en procedimientos de cobranza laboral. Se discutía si esa prohibición vulneraba la garantía de un procedimiento racional y justo y el derecho a la tutela judicial efectiva, al impedir que un tribunal superior revise lo resuelto en primera instancia. El Tribunal rechazó el requerimiento, por estimar que la norma se ajusta a la Constitución, aunque con votos disidentes que estuvieron por acoger la acción de inaplicabilidad. Los disidentes sostuvieron que limitar los instrumentos procesales de defensa afecta la tutela judicial efectiva y que la segunda instancia constituye un principio de la organización judicial, de modo que las restricciones al derecho al recurso deben ser justificadas, idóneas y proporcionales a fines constitucionalmente legítimos.
Normas citadas
artículo 472, de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoTratados Internacionales de Derechos HumanosCeleridad procesalRecurso de apelación
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que las resoluciones en procedimientos de cobranza laboral sean inapelables?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y estimó que la norma que declara inapelables esas resoluciones se ajusta a la Constitución.
¿Vulnera la prohibición de apelación en cobranza laboral el derecho a un procedimiento racional y justo?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, por estimar que la prohibición de apelación no vulnera la garantía de un procedimiento racional y justo ni la tutela judicial efectiva.
¿Qué argumentaron los votos disidentes sobre la inapelabilidad en la cobranza laboral?
En este caso, los disidentes sostuvieron que limitar los instrumentos procesales de defensa afecta la tutela judicial efectiva y que las restricciones al derecho al recurso deben ser justificadas, idóneas y proporcionales.
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