Resumen
La Contraloría General de la República analizó la presentación de una funcionaria municipal regida por la ley N° 19.378, contratada a plazo fijo, que cuestionaba la decisión del municipio de Quilicura de no renovar su contrato. El organismo concluyó que el término de la relación se produjo por el solo ministerio de la ley, al vencer el plazo de un contrato anual, y que renovarlo era una facultad privativa del alcalde, por lo que el municipio se ajustó a derecho. Respecto del accidente sufrido por la funcionaria, la Contraloría determinó que su calificación corresponde a aspectos técnicos de la ley N° 16.744 y debe ser resuelta por la Superintendencia de Seguridad Social, a la que se derivaron los antecedentes.