Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 860, de 2012, del Ejército, que aplicaba medidas disciplinarias a funcionarios al término de una investigación sumaria ordenada por el propio Organismo. La razón es que el acto terminal de un sumario debe dictarse después de fallados los recursos procedentes o vencidos sus plazos, y de someterse a toma de razón conforme a la resolución N° 1.600, de 2008. Como los funcionarios renunciaron a sus recursos, el dictamen ordena que la autoridad competente dicte un nuevo acto, con fecha posterior, que confirme las sanciones y lo remita para toma de razón. Respecto de una funcionaria, se constató que transcurrieron más de dos años entre los hechos y el inicio de la investigación, plazo que el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas fija como prescripción de la responsabilidad administrativa, por lo que el Ejército debe declararla de oficio y absolverla expresamente por esa causa.