La Contraloría General de la República conoció una presentación de una exfuncionaria de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República conoció una presentación de una exfuncionaria del Ejército, asistida por un abogado, que solicitaba ordenar una investigación sumaria por los hechos relacionados con su renuncia voluntaria y por el acoso laboral y malos tratos que denunciaba haber sufrido en esa repartición. El órgano contralor resolvió no acceder a la petición de instruir el sumario, pues la facultad para ordenarlo es discrecional y, según su criterio previo, corresponde a la autoridad del Ejército dotada de potestad disciplinaria ponderar si los hechos denunciados son susceptibles de sanción disciplinaria. En consecuencia, remitió la presentación a la institución castrense para que la considere, y le pidió informar los resultados de las diligencias y la respuesta que se dé a la interesada.
Normas citadas
ley 10336 art/131
ley 10336 art/133
ley 19880 art/14
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría obligar a un servicio público a instruir un sumario administrativo por acoso laboral o malos tratos denunciados por una exfuncionaria?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que no procedía ordenar la investigación sumaria, porque la facultad para instruirla es discrecional y corresponde a la autoridad del Ejército con potestad disciplinaria ponderar si los hechos son sancionables. Remitió la presentación a la institución para que la considere.
¿Qué hace la Contraloría cuando recibe una denuncia de acoso laboral y considera que la facultad de sumariar es discrecional?
En este caso, el órgano contralor no instruyó el sumario y trasladó la presentación a la institución castrense para su consideración. También le pidió informar los resultados de las diligencias y la respuesta que se dé a la interesada.
¿Quién decide si los hechos denunciados en una renuncia voluntaria con acoso laboral ameritan un sumario en el Ejército?
Según este dictamen, corresponde a la autoridad del Ejército dotada de potestad disciplinaria ponderar si los hechos denunciados son susceptibles de sanción disciplinaria. La Contraloría sostuvo que, en este caso, esa valoración no le correspondía a ella.
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