Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una funcionaria del Ejército que alegó haber sufrido acoso laboral, cometer un ilícito penal y solicitó una inutilidad por sus dolencias. Respecto del acoso, el organismo señaló que la reclamante no acompañó antecedentes que permitan acreditarlo, y que corresponde a la jefatura institucional, dotada de potestad disciplinaria, evaluar si los hechos son sancionables y ordenar una investigación. En cuanto al ilícito penal, indicó que el reclamo no es la instancia idónea, sin perjuicio de que pueda formular la denuncia correspondiente. Sobre la inutilidad, precisó que conforme al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas es la Comisión de Sanidad quien determina la invalidez, sin que le corresponda revisar los datos clínicos. Como esa Comisión se pronunció en su informe que no le corresponde inutilidad alguna, la Contraloría concluyó que la funcionaria carece del derecho reclamado.