Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de reconsideración del dictamen N° 372, de 2013, relativo al supuesto perjuicio económico reclamado por una empresa concesionaria del Sistema de Transporte Público de Santiago. La recurrente sostenía que la modificación contractual de 2009 causó un perjuicio y un enriquecimiento sin causa para el Fisco, que la modificación de 2010 no corrigió, y que la cláusula de renuncia de esa modificación era ilícita y no comprendía el perjuicio reclamado; además, alegaba que el contrato seguía vigente. El organismo resolvió no acoger la reconsideración: no advirtió antecedentes distintos de los ya considerados, sostuvo que el concesionario no puede desentenderse por la vía administrativa de las condiciones pactadas aunque alegue haber actuado forzado, y que el alcance de las renuncias pactadas en 2009 y 2010 no permite acoger sus planteamientos según su tenor. Respecto de la vigencia, indicó que fue considerada al tomar razón de diversas resoluciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprobaron nuevos contratos de concesión y pusieron término a los anteriores.